El 4 de septiembre de 1812 el primer decreto del Primer Triunvirato sobre fomento de inmigración estipulaba que el gobierno argentino ofrecía su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a su familia que quieran fijar domicilio en el territorio del Estado, asegurándoles el pleno goce de los derechos del hombre en sociedad con tal de que no perturben la tranquilidad pública y respeten las leyes del país.
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